El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, adelantó que la plataforma Sigo está en evaluación y podría destinarse exclusivamente al monitoreo de vehículos oficiales, ante el alto impacto económico que implicaría mantenerla como servicio para conductores tras una reciente reforma federal laboral.
El funcionario estatal explicó que el cambio legal obliga a quienes operan plataformas a garantizar seguridad social a los conductores, lo que generaría una carga financiera considerable para el estado. Además, dijo que se analiza redirigir su uso hacia funciones gubernamentales.
“Esta reforma obliga al dueño de la plataforma a darle seguridad social a los trabajadores del volante. Entonces, eso implicaría un gasto que el estado no tendría para atender a todos los taxistas. Lo que estamos viendo es que la plataforma también la podemos utilizar para darle seguimiento a los vehículos de gobierno”, indicó.
Jiménez Lona reconoció que la evaluación aún no concluye, pero adelantó que el impacto presupuestal sería significativo. Añadió que la reforma establece un umbral de ingresos para activar la obligación patronal.
“Todavía no concluye, están en el tema financiero, pero lo que sí nos adelantan es que sí sería un impacto alto para las finanzas estatales. Entiendo que es a partir de los 7 mil pesos que se facturan, estás obligado a darle la seguridad social”, dijo.
El secretario comentó que esta reforma podría generar incluso demandas laborales de personal bajo esquemas de honorarios. Por ello, insistió en que una de las alternativas es fortalecer el control interno del parque vehicular gubernamental mediante esta herramienta tecnológica
“Tenemos personal por honorarios que nos podrían reclamar: ‘oye, si yo tengo tantos años trabajando, pues dame una base, dame seguridad social’. Entonces, sí es un tema complejo. Hoy por hoy tenemos centros de monitoreo y hay muchos vehículos que luego no se les da el uso adecuado… que esta plataforma le podamos dar un uso”, comentó.
El funcionario estatal subrayó que la decisión final dependerá del análisis financiero en curso, aunque dejó claro que el objetivo es evitar comprometer las finanzas estatales y, al mismo tiempo, aprovechar la infraestructura existente para mejorar la supervisión de recursos públicos.
