El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Daniel Jiménez Lona, informó que autoridades estatales detectaron casos de funerarias e intermediarios que presuntamente lucran con el dolor de familias víctimas de delitos, cobrando comisiones y asesorías por trámites gratuitos relacionados con apoyos funerarios.
El funcionario estatal señaló que una de las situaciones identificadas ocurre en Celaya, donde incluso existe una funeraria ubicada cerca de instalaciones de la Fiscalía estatal que ofrecía servicios vinculados a los apoyos de atención a víctimas.
“Empezamos a detectar un tema. Todos los apoyos, las funerarias ya se iban al tope máximo”, explicó.
Jiménez Lona detalló que anteriormente el apoyo para gastos funerarios alcanzaba casi 28 mil pesos, situación que provocaba que algunas funerarias ajustarán automáticamente sus cobros al monto máximo permitido.
Explicó que la autoridad homologó el apoyo económico de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas con el fondo que maneja la Fiscalía estatal, estableciendo un monto único de 21 mil pesos.
“Lo que se ha generado es que se ajusten las funerarias al valor que tiene la Comisión Estatal de Víctimas”, comentó.
El secretario informó que durante 2026 se han otorgado 643 apoyos para gastos funerarios a familias víctimas de delitos en Guanajuato.
Asimismo, advirtió que también se detectó la presencia de gestores o intermediarios que cobran dinero a las personas para realizar trámites que son completamente gratuitos.
“Luego hay intermediarios que les cobran comisiones, asesorías y no es justo que lucren con el dolor de la gente”, expresó.
El funcionario estatal enfatizó que todos los programas y apoyos de la Comisión Estatal de Víctimas son gratuitos y pueden solicitarse directamente en las oficinas gubernamentales sin necesidad de intermediarios.
“La encomienda que tenemos y que nos ha pedido mucho la gobernadora Libia es sensibilizar y que los trámites sean gratuitos y que nadie les cobre por algo que el gobierno les está apoyando”, afirmó.
Jiménez Lona detalló que actualmente existen dos denuncias penales presentadas por personas afectadas contra presuntos gestores que habrían aprovechado la necesidad de las víctimas para cobrar por los trámites.
Finalmente, indicó que la Comisión Estatal de Atención Integral dará orientación directa. Además, destacó que la Comisión Estatal de Víctimas opera actualmente con un presupuesto de 230 millones de pesos, considerado el más alto del país en esta materia.
