La captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes (El Mencho) no es solamente la neutralización de un objetivo prioritario. Es un parteaguas en la arquitectura de seguridad mexicana y, al mismo tiempo, un episodio que redefine el equilibrio geopolítico entre México y Estados Unidos.
El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación encabezaba una organización con presencia en aproximadamente 28 entidades federativas de México, con redes de distribución en buena parte del territorio de Estados Unidos y con vínculos operativos que distintas agencias internacionales han estimado en más de 50 países. No se trataba de una estructura local, sino de una organización criminal de alcance global, con capacidad paramilitar, control territorial violento y una red financiera sofisticada. Su caída altera correlaciones internas, pero también envía señales externas de alto impacto estratégico.
En el plano doméstico, el operativo exhibió con claridad la capacidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Planeación estratégica, inteligencia de precisión y ejecución en terreno complejo confirmaron que el Ejército Mexicano conserva capacidad operativa de alto nivel. Es obligado reconocer al General Secretario de la Defensa Nacional, General de División Ricardo Trevilla Trejo, y expresar el pésame por las bajas sufridas (operaciones de esta naturaleza implican riesgos reales y decisiones en segundos).
Llama poderosamente la atención, sin embargo, la falta de participación de la Secretaría de Marina. Durante años, la Marina Armada de México encabezó las operaciones más quirúrgicas contra objetivos de alto valor. En esta ocasión no participó. Esa ausencia no es menor: revela un reordenamiento interno en la conducción estratégica y consolida al Ejército como actor central del dispositivo nacional de seguridad.
La reacción del aparato criminal fue inmediata y de gran magnitud. De acuerdo con lo informado por el propio secretario de Seguridad, se registraron más de 250 bloqueos y eventos violentos en al menos 20 estados del país, acompañados por incendios de vehículos, quema de tiendas de conveniencia, sabotaje a infraestructura y ataques coordinados contra vías de comunicación. No fue un arrebato espontáneo, sino una demostración organizada de capacidad territorial residual.
Ese escenario abre una oportunidad estratégica.
Omar García Harfuch enfrenta hoy la posibilidad histórica de articular una verdadera red nacional de seguridad pública. No basta con golpes federales de alto impacto. Se requiere coordinación vertical y horizontal con los 32 secretarios de seguridad pública estatales y, a su vez, con los responsables de policía municipal. El eslabón más débil del sistema sigue siendo el ámbito local.
Las policías municipales y muchas estatales han sido durante años infiltradas, cooptadas o abandonadas a su precariedad institucional. Sin controles de confianza eficaces, sin inteligencia compartida y sin supervisión real, se convierten en vulnerabilidades estructurales. La construcción de una red policial interoperable, profesionalizada y depurada es indispensable para evitar que la fragmentación del cártel derive en violencia atomizada.
Pero el golpe no puede leerse únicamente en clave interna.
La cooperación con Estados Unidos fue determinante. El involucramiento del United States Northern Command (USNORTHCOM) en tareas de coordinación e inteligencia confirma que la seguridad mexicana forma parte de la ecuación estratégica norteamericana. En este contexto, la visita a México del General de Brigada Mauricio Calabrize, alto mando del Ejército de Estados Unidos, para fortalecer los mecanismos de coordinación bilateral, así como la firma de instrumentos formales de cooperación en la Embajada estadounidense, adquieren un significado mayor.
Asimismo, un grupo de nueve elementos de los Navy SEALs acudió al país en labores de capacitación especializada para fuerzas mexicanas. No fueron despliegues operativos, sino transferencia de capacidades. Sin embargo, el mensaje geopolítico es claro: la cooperación ha escalado a un nivel más profundo y estructural.
El golpe puede leerse como un doble manotazo. Uno del Ejército hacia dentro del sistema político mexicano. Y otro de Estados Unidos hacia México, dejando claro que la paciencia estratégica frente a estructuras criminales con impacto transfronterizo se ha agotado.
Aquí emerge el tema más incómodo: los narcopolíticos.
La expansión territorial del crimen organizado no ocurrió en el vacío. Requirió protección, omisión o complicidad política. Este fenómeno no nació en un solo sexenio, pero durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador alcanzó una dimensión particularmente preocupante. La narrativa de “abrazos, no balazos” coexistió con una expansión territorial sin precedentes de organizaciones criminales, consolidación de economías ilícitas regionales y creciente penetración en estructuras municipales y estatales.
La minimización discursiva del problema y la ausencia de depuración política profunda generaron un entorno donde múltiples actores locales encontraron incentivos para convivir con el poder criminal. Esa herencia institucional pesa hoy sobre el sistema.
Sin desmontar redes políticas de protección, cualquier victoria operativa será incompleta.
En Estados Unidos han circulado listas y señalamientos sobre posibles vínculos políticos con el crimen organizado, entre ellas las atribuidas a entornos legislativos influyentes como el del senador Marco Rubio. Las filtraciones no han sido suficientes para generar consecuencias internas contundentes. Si el objetivo es impulsar una depuración real, la publicación formal y documentada de esos señalamientos tendría un impacto político mayor. La opacidad protege; la evidencia obliga.
México enfrenta una disyuntiva geopolítica. Puede interpretar la presión estadounidense como una afrenta a la soberanía o asumirla como catalizador para fortalecer el Estado de derecho. La soberanía no se defiende negando la infiltración criminal; se defiende erradicándola.
La presidente enfrenta ahora una prueba de conducción estratégica. La aparente desconexión inicial frente a la magnitud de los acontecimientos dejó interrogantes sobre el control narrativo del episodio.
La caída del Mencho no cierra un ciclo. Lo abre.
El Estado ha demostrado que puede golpear. Ahora debe demostrar que puede limpiar, coordinar y reformar.
En este nuevo equilibrio, la dimensión binacional no es complementaria. Es determinante.
@FSchutte
Consultor y Analista
