Mexicali, Baja California, 2 de mayo de 2026. — En un contexto marcado por una creciente percepción de inseguridad en los cinco municipios de Baja California, el sector empresarial organizado y los organismos ciudadanos de seguridad pública alzaron la voz de manera conjunta para exigir a las autoridades un combate frontal, eficaz y con resultados tangibles y medibles contra la extorsión en todas sus modalidades, incluido el denominado coloquialmente “cobro por derecho de piso”.
A través de un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del estado advirtió que la extorsión se ha consolidado como uno de los delitos de mayor crecimiento en la última década, afectando tanto a ciudadanos como a empresarios, con altos niveles de impunidad.
Aseguran que este fenómeno, no solo vulnera el patrimonio, sino que inhibe la actividad económica y genera un entorno propicio para la expansión de estructuras delictivas.
En paralelo, el Consejo y los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública de Baja California (integrados por representantes de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito) respaldaron el posicionamiento empresarial y emitieron un pronunciamiento en el que reconocen la gravedad del problema y llaman a redoblar la acción inmediata para su combate por parte de las autoridades.
La extorsión en Baja California ha evolucionado en sus formas: desde llamadas telefónicas hasta esquemas presenciales donde el delincuente intimida directamente a la víctima, incluso dejando evidencia en cámaras de videovigilancia. Esta última modalidad, advierte el CCE, representa un “termómetro” de la descomposición del entorno de seguridad, al evidenciar el grado de impunidad con el que operan los criminales.
Casos recientes, como el registrado en Mexicali el 1 de mayo de 2026, donde una comerciante denunció públicamente ser víctima de amenazas, reflejan una realidad que según ambos organismos, se replica en todos los municipios del estado. La constante es la misma: pequeños y medianos negocios, los más vulnerables, enfrentando presiones económicas y amenazas directas.
Este panorama se inserta en un contexto más amplio de percepción de inseguridad que, de acuerdo con distintas mediciones nacionales, se mantiene elevada en ciudades como Tijuana, Mexicali y Ensenada, donde la ciudadanía identifica la extorsión como un delito cada vez más frecuente y cercano.
La exigencia clara, exigen ambos organismos una estrategia integral contra la extorsión y evaluación de avances y resultados medibles y palpables.
Ante este escenario, tanto el CCE como el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California coinciden en una exigencia puntual: la implementación urgente de un programa efectivo de combate a la extorsión, que incluya estrategias claras, regionalizadas y acciones coordinadas y recursos suficientes para su eficaz y oportuno resultado.
El llamado no es menor. Se exige la intervención articulada de autoridades federales, estatales y principalmente de la Fiscalía General de la República, particularmente su delegación regional, para garantizar investigaciones oportunas, inteligencia operativa y resultados concretos que restituyan la confianza ciudadana, a este respecto ya se han emitido pronunciamientos por la ausencia de la FGR en la atención y coordinación con los órganos empresariales y organismos civiles.
Asimismo, los organismos advierten que normalizar este delito tendría consecuencias graves a mediano plazo, como ha ocurrido en otras regiones del país, donde la extorsión se institucionaliza y se vuelve difícil de erradicar.
Uno de los elementos que destaca en este posicionamiento conjunto es la unidad y legitimidad social de los firmantes. Los cinco Comités Ciudadanos de Seguridad Pública de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito, junto con el Consejo Estatal, están integrados por una amplia representación de la sociedad, tales como asociaciones civiles, cámaras empresariales, el clero, instituciones académicas y diversos organismos ciudadanos.
Esta pluralidad, subrayan, fortalece su papel como puente entre la ciudadanía y las autoridades, particularmente en el acompañamiento a víctimas y la promoción de la denuncia.
En ese sentido, hicieron un llamado directo a la población: no ceder, no callar y denunciar. “Denunciar es el primer paso para romper el ciclo de impunidad”, enfatiza el pronunciamiento.
La coincidencia entre el sector empresarial y los organismos ciudadanos marca un punto de inflexión en el debate público sobre seguridad en Baja California. Más allá del diagnóstico, la numeralia o la narrativa oficial, la exigencia ahora se centra en resultados: frenar un delito que no solo afecta la economía, sino que erosiona la confianza institucional y la cohesión social.
En un estado clave para la dinámica fronteriza y la vida binacional económica del país, el mensaje es contundente: sin seguridad, no hay desarrollo posible. Nw
