Organismos empresariales de Baja California coinciden en cuestionar el adelantamiento de los tiempos electorales rumbo a 2027 y advierten que las aspiraciones políticas no deben desplazar las responsabilidades para las que funcionarios y representantes populares fueron electos.
TIJUANA, Baja California.- En momentos en que la sucesión política de 2027 comienza a ocupar buena parte de la agenda pública de Baja California, COPARMEX Tijuana elevó el tono del debate y planteó una modificación de fondo: que los representantes populares que abandonen anticipadamente el cargo para buscar otra posición de elección popular lo hagan de manera definitiva y no mediante licencias temporales que les permitan regresar si su aspiración no prospera.
El planteamiento parte de un principio que el organismo empresarial coloca por encima de partidos, candidaturas o proyectos personales: el mandato recibido en las urnas constituye una responsabilidad frente al ciudadano y no una posición que pueda conservarse como alternativa mientras se busca otro cargo.
“Quien recibe un mandato ciudadano debe priorizar su responsabilidad pública sobre cualquier aspiración personal”, estableció el Centro Empresarial de Tijuana en su posicionamiento de este 13 de agosto.
COPARMEX reconoce que aspirar a otro cargo es legítimo. Lo que cuestiona es el mecanismo mediante el cual un servidor público puede separarse temporalmente de una responsabilidad para participar en una contienda y conservar, al mismo tiempo, la posibilidad de regresar al puesto original en caso de no obtener la candidatura o posición buscada.
Por ello, propone revisar y homologar el marco jurídico para que legisladores, presidentes municipales, regidores, síndicos y titulares del Poder Ejecutivo que decidan separarse de su mandato para contender por otro cargo lo hagan de manera definitiva, reservando las licencias para ausencias temporales plenamente justificadas.
Una discusión que ya rebasa a COPARMEX
El pronunciamiento no surge de manera aislada. Durante los últimos meses diferentes organismos empresariales y representantes de la sociedad civil de Baja California han expresado preocupación por el adelantamiento de los tiempos políticos rumbo a las elecciones de 2027 y, particularmente, por el impacto que las aspiraciones electorales pueden tener sobre el ejercicio de las responsabilidades públicas.
El Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, encabezado por Roberto Lyle Fritch, ya había cuestionado públicamente lo que considera una dinámica de campañas anticipadas y exigido a los funcionarios concentrarse en resolver los problemas actuales de la ciudad y del estado.
A finales de julio, Lyle sostuvo que quienes fueron electos mediante el voto popular deberían estar concentrados en cumplir esa responsabilidad antes de pensar en la siguiente elección. El dirigente empresarial cuestionó que, faltando todavía varios meses para los comicios de junio de 2027, funcionarios y representantes populares se encuentren inmersos en procesos políticos internos.
La posición del CCE había comenzado a delinearse desde semanas antes. El organismo anunció que no participaría en reuniones con aspirantes a la gubernatura mientras los partidos no definieran formalmente sus candidaturas, precisamente para evitar involucrarse en una sucesión adelantada. Lyle cuestionó entonces que funcionarios estuvieran dejando posiciones en el Senado, la Cámara de Diputados y gobiernos municipales con tanta anticipación respecto de la elección constitucional.
INDEX: las instituciones deben garantizar continuidad
Desde el sector industrial también se ha planteado otra dimensión del problema: la continuidad de las políticas públicas cuando un funcionario abandona anticipadamente su responsabilidad.
Federico Serrano Bañuelos, presidente de INDEX Zona Costa BC, ha sostenido que las administraciones públicas deben contar con estructuras suficientemente sólidas para garantizar que los programas y proyectos continúen independientemente de los cambios de liderazgo.
La reflexión resulta relevante porque el costo de una separación anticipada no se limita al terreno electoral. Puede significar cambios de interlocutores, reacomodos administrativos y potenciales interrupciones en programas que originalmente fueron diseñados para desarrollarse durante todo un periodo de gobierno.
De ahí que el planteamiento de COPARMEX introduzca una pregunta de mayor alcance: ¿hasta dónde debe llegar el derecho legítimo de un funcionario a buscar otro cargo cuando existe, simultáneamente, un mandato ciudadano todavía inconcluso?
Baja California entró anticipadamente en la lógica de 2027
El contexto ayuda a dimensionar la discusión. En Baja California se renovarán en 2027 la gubernatura, las 25 diputaciones del Congreso local, las siete presidencias municipales, siete sindicaturas y 63 regidurías. El proceso electoral local iniciará formalmente el 6 de diciembre de 2026, mientras que la jornada electoral está prevista para el 6 de junio de 2027.
Sin embargo, la competencia política comenzó muchos meses antes.
En junio, diez perfiles de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde se inscribieron en el procedimiento relacionado con la definición de la coordinación política de la alianza rumbo a la gubernatura de Baja California. Al menos seis de ellos solicitaron licencias temporales en cargos del Congreso local, Congreso de la Unión y Ayuntamiento de Tijuana.
Entre los movimientos que mayor molestia generó entre el empresariado de organismos camerales e impacto institucional provocaron, estuvo la separación temporal del presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, quien solicitó licencia para participar en el proceso interno relacionado con la sucesión estatal.
La discusión, sin embargo, no se limita a Morena ni a sus aliados.
COPARMEX ha insistido en que cualquier criterio debe aplicarse sin importar persona, partido o fuerza política, evitando que el debate se convierta en un pronunciamiento dirigido contra una candidatura específica.
Del cuestionamiento político a una propuesta de reforma
El nuevo posicionamiento empresarial representa un paso adicional respecto de pronunciamientos anteriores.
COPARMEX Tijuana ya había advertido desde julio sobre la promoción política fuera de los tiempos constitucionales y solicitado a las autoridades electorales fortalecer la fiscalización sobre los recursos utilizados en actividades anticipadas de posicionamiento.
El organismo sostuvo entonces que la equidad electoral también exige conocer quién financia estas actividades, de dónde provienen los recursos y bajo qué figura jurídica se realizan, por lo que llamó al INE y a las autoridades electorales locales a revisar estos procesos.
Ahora, sin embargo, la discusión ya no se concentra únicamente en cómo se realizan las precampañas anticipadas, sino en algo previo: qué debe ocurrir con el cargo público de quien decide participar en ellas.
La propuesta de COPARMEX obligaría, de prosperar jurídicamente, a tomar una decisión sin red de protección: continuar desempeñando el mandato para el cual se obtuvo el voto ciudadano o separarse definitivamente para emprender una nueva aspiración electoral.
Bajo esa lógica, la licencia dejaría de funcionar como mecanismo para mantener abierta la posibilidad del retorno.
El cargo público no como plataforma electoral
Detrás del posicionamiento existe también una discusión sobre calidad democrática.
Cuando una persona obtiene mediante las urnas una presidencia municipal, diputación, senaduría o cualquier otra representación popular, recibe un mandato por un periodo determinado. Aunque jurídicamente puedan existir mecanismos de separación temporal, desde la perspectiva planteada por los organismos empresariales existe además una obligación política frente al elector.
La crítica apunta precisamente a evitar que el cargo público pueda convertirse en una plataforma de tránsito hacia la siguiente posición política.
Esto adquiere particular relevancia cuando Baja California mantiene pendientes estructurales en seguridad pública, movilidad, infraestructura, crecimiento económico, servicios públicos y competitividad. El Coordinador Estatal del CCE Octavio Sandoval, ha señalado precisamente que estos problemas deberían concentrar la atención de quienes actualmente ejercen responsabilidades públicas, en lugar de una dinámica de campaña permanente.
La propia gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda había fijado meses atrás una posición similar respecto de integrantes de su administración con aspiraciones electorales, al señalar que quienes buscaran candidaturas deberían separarse del Gobierno del Estado para evitar distracciones en la etapa final de la administración.
Así, aunque existen diferencias respecto de los mecanismos jurídicos propuestos, comienza a configurarse una coincidencia entre sectores empresariales y actores públicos: gobernar y hacer campaña simultáneamente genera tensiones entre el interés institucional y el proyecto político personal.
Una regla para todos
COPARMEX Tijuana busca evitar que su propuesta sea interpretada como un pronunciamiento contra algún aspirante o partido en particular.
El organismo sostiene expresamente que no pretende favorecer candidaturas, sino defender condiciones de igualdad y exigir el cumplimiento de la encomienda que los servidores públicos recibieron mediante el voto.
Su planteamiento apunta a construir una regla general: quien decide dejar anticipadamente un mandato popular para buscar otro debe asumir plenamente esa decisión.
En otras palabras, que la ciudadanía no cargue con el costo institucional de las estrategias electorales de quienes fueron elegidos para gobernar o representarla.
La discusión apenas comienza y trasladar el planteamiento al marco jurídico requeriría analizar las disposiciones constitucionales y electorales que regulan licencias, suplencias y separaciones definitivas en los distintos órdenes de gobierno. Pero el posicionamiento empresarial coloca desde ahora un tema concreto en la agenda política de Baja California rumbo a 2027: si el mandato ciudadano debe tener prioridad efectiva (y no solamente discursiva) frente a la siguiente aspiración electoral.
La conclusión de COPARMEX sintetiza el argumento: “Primero el mandato ciudadano; después, cualquier aspiración personal”.Nw
