

Durante décadas, la competitividad de México se discutió desde una lógica casi exclusivamente económica: crecimiento del PIB, estabilidad macroeconómica, apertura comercial o atracción de inversión extranjera. Todos esos elementos siguen siendo indispensables, pero el contexto internacional obliga a ampliar la conversación.
Hoy competir significa algo más complejo.
Significa construir instituciones confiables, fortalecer el Estado de derecho, simplificar la regulación, aprovechar la revolución tecnológica y generar condiciones para que millones de empresas puedan crecer con mayor productividad.
Los indicadores económicos muestran señales positivas. La inflación ha moderado su ritmo, la inversión comienza a recuperarse, las exportaciones mantienen dinamismo y el consumo interno continúa siendo uno de los principales impulsores de la actividad económica. Las expectativas para 2026 apuntan a un crecimiento moderado, apoyado por el mercado interno, las remesas, la inversión y la integración comercial con Norteamérica.
Pero existe un dato que debería ocupar un lugar central en cualquier estrategia de desarrollo: el sector comercio, servicios y turismo representa 60.7% del Producto Interno Bruto, concentra 82.6% de las unidades económicas y genera 64.3% del empleo nacional. Fortalecer ese ecosistema no es una política sectorial; es una estrategia de desarrollo nacional.
Michael Porter ha sostenido que la competitividad depende del entorno que un país crea para sus empresas. Esa reflexión cobra una dimensión especial frente a los cambios que vive el mundo. La relocalización de cadenas de suministro, la transformación digital y la reconfiguración del comercio internacional están modificando la manera en que las naciones compiten.
México posee ventajas difíciles de replicar: ubicación geográfica, integración con el mercado norteamericano, talento empresarial y una sólida red de negocios familiares. Sin embargo, esas fortalezas solo podrán traducirse en mayor prosperidad si van acompañadas de instituciones capaces de reducir costos de transacción, generar confianza y facilitar la actividad económica.
En ese contexto, el diálogo entre el Gobierno de México y el sector productivo adquiere un valor estratégico. Durante los últimos meses, las reuniones sostenidas con la presidenta Claudia Sheinbaum y distintas dependencias federales han permitido impulsar una agenda orientada a simplificar trámites, acelerar la digitalización, fortalecer la formalidad y construir mejores condiciones para la competitividad de millones de negocios familiares.
Más allá de cualquier diferencia legítima, existe una coincidencia fundamental: México necesita un entorno donde producir sea más sencillo, invertir resulte más atractivo y cumplir con la ley no represente una carga desproporcionada para quienes generan empleo.
Ese mismo principio inspira el Pacto por la Prosperidad, la Justicia Económica y la Seguridad, una iniciativa que se ha venido construyendo en diversas entidades federativas junto con gobiernos estatales y municipales, fiscalías, universidades, organismos empresariales y sociedad civil. Su objetivo parte de una convicción sencilla: la prosperidad no puede separarse de la seguridad, ni la competitividad puede consolidarse donde prevalecen la incertidumbre o la fragmentación institucional.
La experiencia internacional demuestra que las economías más exitosas no son aquellas donde el gobierno sustituye a la iniciativa privada, ni aquellas donde el mercado actúa sin instituciones. Son las que logran construir confianza entre ambos para resolver problemas públicos con visión de largo plazo.
México se encuentra frente a una oportunidad histórica. El nearshoring, el fortalecimiento del mercado interno y la transformación tecnológica ofrecen condiciones que difícilmente volverán a coincidir con la misma intensidad. Aprovecharlas dependerá menos de los discursos y más de la capacidad para construir acuerdos, modernizar instituciones y colocar la competitividad como una auténtica política de Estado.
Porque la prosperidad de un país no comienza cuando llegan las inversiones. Comienza cuando quienes ya invierten encuentran un entorno que les permite crecer, innovar y generar bienestar para millones de familias mexicanas. Nw

