En comercio exterior, las palabras importan. No es lo mismo revisar que romper. No es lo mismo no prorrogar hoy que terminar mañana. Y no es lo mismo ejercer presión política que modificar legalmente un tratado aprobado por tres países.
Por eso, frente al inicio de la revisión del T-MEC, México debe hablar con claridad, con técnica y con estrategia.
El T-MEC no está terminando. El tratado sigue vigente. Lo que inicia es una revisión prevista desde su origen. Esa distinción es fundamental porque la certidumbre no se improvisó ahora: la certidumbre fue negociada desde la primera negociación.
El propio tratado fue diseñado para evitar decisiones abruptas. Tiene una vigencia de 16 años desde su entrada en vigor, contempla una revisión conjunta al sexto año y permite que, si los tres países lo confirman por escrito, se extienda por otro periodo de 16 años. Si esa prórroga no se confirma en este momento, el acuerdo no desaparece. Entra a revisiones anuales, pero mantiene su vigencia hasta 2036.
Ese diseño no fue un descuido; fue una válvula de estabilidad. Permite revisar el funcionamiento del tratado sin poner en riesgo inmediato la relación comercial de América del Norte. Da espacio político, económico y jurídico para ordenar diferencias, corregir problemas y actualizar temas sin destruir la plataforma que sostiene millones de empleos.
Por eso México no debe caer en una narrativa de alarma, pero tampoco en una actitud de ingenuidad.
Revisar no significa entregar. Revisar no significa aceptar imposiciones. Revisar no significa permitir que una parte cambie unilateralmente lo que tres países negociaron, firmaron y aprobaron.
El T-MEC tiene reglas, capítulos, procedimientos, consultas, paneles y mecanismos de defensa. Cualquier cambio sustantivo que modifique el acuerdo, altere sus compromisos o viole el alcance de sus capítulos debe pasar por los procedimientos que correspondan en cada país. En México y Estados Unidos, eso incluye a sus congresos. En Canadá, al Parlamento.
Existen ajustes positivos que pueden procesarse dentro de los mecanismos del propio tratado. La Comisión de Libre Comercio puede revisar asuntos de implementación, operación y propuestas de mejora. Ahí pueden discutirse medidas que faciliten, aceleren o modernicen lo ya acordado.
Pero una cosa es mejorar la operación del tratado y otra muy distinta es modificar de fondo sus obligaciones.
Si se pretende imponer un arancel donde el T-MEC no lo permite, o aplicar una medida que discrimine a México frente a otros países en productos amparados por el acuerdo, no estamos ante un simple ajuste administrativo. Estamos ante una medida que debe analizarse a la luz del tratado, de sus capítulos, de sus excepciones y de los procedimientos internos de cada país.
México tiene herramientas. Puede activar consultas. Puede acudir a paneles. Puede defender sus derechos dentro del propio T-MEC. Y, en caso de incumplimiento, el tratado contempla la suspensión de beneficios. No se trata de represalias políticas improvisadas; se trata de instrumentos jurídicos previstos para responder cuando una parte afecta lo pactado.
Hasta ahora, México ha decidido actuar con prudencia. No ha respondido con represalias inmediatas, a diferencia de Canadá, que en su momento amenazó con medidas de respuesta. Esa prudencia puede ser útil si forma parte de una estrategia. Pero la prudencia no debe confundirse con pasividad.
México debe revisar el T-MEC con firmeza.
Detrás de cada exportación hay una economía mucho más amplia. Hay transporte, logística, hospedaje, alimentos, servicios, comercio, aduanas, agencias, proveedores locales, importadores, exportadores y negocios familiares de los tres países.
Cada producto que cruza una frontera activa una cadena de valor. Alguien lo mueve, alguien lo almacena, alguien lo vende, alguien lo asegura, alguien lo financia, alguien lo sirve, alguien lo transforma. El comercio exterior no vive solamente en los corporativos; vive también en las carreteras, en los mercados, en los hoteles, en los restaurantes, en los centros logísticos, en las cámaras locales y en las empresas familiares.
Esa es la economía real.
Y esa economía debe tener voz en la revisión.
México necesita una estrategia de Estado, pero también una estrategia territorial. Hay que hablar en Estados Unidos de América con gobernadores, alcaldes, legisladores estatales, cámaras de comercio, productores, compradores, importadores, exportadores y comunidades que dependen todos los días de la integración regional.
Eso ya se hizo antes. En la negociación anterior, CONCANACO trabajó con pequeños productores, empresas, legisladores y autoridades en Estados Unidos para explicar que la relación comercial con México no era una concesión, sino una necesidad compartida. Hoy hay que volver a hacerlo.
La revisión del T-MEC no debe asumirse como una amenaza, sino como una prueba de madurez. América del Norte tiene que decidir si quiere competir como región o fragmentarse por presiones políticas de corto plazo. México debe llegar unido, con técnica, con firmeza y con una agenda que no se limite a los grandes intereses.
Defender el T-MEC no es defender un documento. Es defender una plataforma de estabilidad para millones de familias.
Es defender empleo.
Es defender inversión.
Es defender comercio.
Es defender servicios.
Es defender turismo.
Es defender a quienes todos los días abren la cortina, pagan nómina, compran, venden, importan, exportan y sostienen la economía real de México.
El T-MEC se revisa. No se rompe. Y México debe sentarse a esa revisión con la serenidad de quien conoce las reglas y con la firmeza de quien está dispuesto a hacerlas valer.
Por Octavio de la Torre de Stéffano
