Un vengador anónimo irrumpió en Lagos de Moreno, apareció un hombre que nadie ha visto, pero que todos reconocen. Un vigilante que el colectivo llama: “Batman”, que amarra, exhibe y marca a presuntos ladrones de motocicletas. Cinco casos en menos de una semana. Cinco escenas idénticas. Cinco recordatorios de que, en México, la justicia por mano propia no surge: se permite.
El fenómeno no es anecdótico. Es político. Más todavía es profundamente revelador.
Las autoridades hicieron lo que suelen hacer: emitieron comunicados, abrieron carpetas, prometieron investigaciones, su voz llegó a todo el territorio nacional: “…no quedará impune… caiga quien caiga…” Pero sus palabras ya no operan como actos de gobierno, sino como defenza ideológica. En un país donde la violencia se ha normalizado, la comunicación oficial se ha vuelto un ritual vacío: se informa sin informar, se condena sin actuar, se promete sin cumplir, todos los días desde muy temprano.
“Batman” prospera en ese vacío. No porque sea fuerte, sino porque el Estado es débil. No porque sea justo, sino porque la justicia institucional se ha vuelto un trámite lento, distante y, para muchos, irrelevante.
Lo inquietante no es la existencia del vigilante, sino la aceptación social que lo rodea. En redes, en conversaciones de barrio, en la narrativa cotidiana, aparece una frase que debería alarmarnos: “Por lo menos alguien hace algo… sin cobro de piso”. Esa resignación es el síntoma más grave. Cuando la ciudadanía empieza a ver en la violencia un sustituto de la ley, la democracia pierde su fundamento más básico: la confianza en que el Estado puede proteger.
“Batman” no es un héroe. Tampoco un villano. Es una consecuencia. Una consecuencia de la tolerancia institucional hacia el narco y la violencia, de la erosión de la legitimidad pública y de la falsa promesa política de seguridad que se renueva cada tres o seis años, según el color y las frases que el “márquetin” de campaña electoral les imponga.
En Lagos de Moreno, como en tantas regiones del país, el crimen no es un intruso: es un actor más del orden local: regula, cobra, vigila y castiga. Y frente a él, el Estado aparece como un espectador que administra estadísticas que documentan un país de maravillas, no realidades. “Batman” es, en ese sentido, un espejo incómodo. Refleja un país donde la autoridad se ha vuelto decorativa, donde la ley se aplica de manera intermitente y donde la violencia se privatiza porque la seguridad pública se ha precarizado. Refleja también un sistema político que ha aprendido a convivir con la inseguridad, a gestionarla, incluso a capitalizarla discursivamente, pero no a resolverla.
La pregunta que deja este episodio es más profunda que la identidad del vigilante. La pregunta es: ¿qué queda de la legitimidad del Estado cuando la ciudadanía celebra a quien suplanta sus funciones? La respuesta no es optimista. Queda un territorio donde la ley es débil, la violencia es fuerte y la verdad es negociable. Queda un país donde la justicia se improvisa y la autoridad se simula. Queda un espacio donde la democracia se sostiene más en la esperanza que en las instituciones.
El “Batman” de Lagos de Moreno no es un mito urbano. Es un síntoma político. Y mientras no se atienda la enfermedad que lo produce, la ausencia efectiva del Estado,seguirán apareciendo vigilantes, justicieros, grupos armados y fantasmas que llenan el vacío que deja la autoridad cuando renuncia a ejercerla. Su popularidad es, en realidad, una señal de alarma. Cuando un vigilante es celebrado por “hacer lo que el gobierno no hace”, no estamos ante un acto de justicia: estamos ante la renuncia colectiva a la democracia.
La legitimidad democrática no se mide por la eficacia del castigo improvisado, sino por la capacidad del Estado para garantizar seguridad. Y cuando un vigilante —real o imaginado— se vuelve héroe, lo que se exhibe no es su valentía, sino la corrupción, la incapacidad y la ausencia de gobierno que lo hicieron posible.
El Estado constitucional no requiere vigilantes. Los vigilantes aparecen cuando el Estado deja de ser Estado. Y cada vez que son vitoreados, retrocedemos un paso más hacia un orden donde la fuerza sustituye al derecho, la sospecha reemplaza al debido proceso y la violencia se normaliza como método de control social.
Cuidar la democracia implica algo más que votar: implica defender la esencia misma del Estado, su capacidad de proteger sin delegar la justicia en manos anónimas. Porque si la ciudadanía empieza a confiar más en un hombre sin rostro que en sus instituciones, no solo se pierde la seguridad: se pierde el pacto democrático que nos sostiene como comunidad política.
