Uno de los problemas más serios de la vida pública contemporánea no es la ausencia de información, sino su deformación sistemática. La posverdad ha transformado el espacio público en un terreno donde los relatos emocionales suelen tener más fuerza que los hechos verificables. Ya no basta con preguntar si algo es verdadero o falso; resulta indispensable preguntarse si una afirmación puede sostenerse mediante criterios públicos de verificación. Cuando desaparecen las reglas compartidas para contrastar los hechos, la deliberación democrática se deteriora y la ciudadanía queda expuesta a narrativas que apelan emociones y no evidencia.
La política enfrenta un desafío central: preservar las condiciones mínimas para una conversación pública basada en hechos. La democracia no exige que todos piensen igual, pero sí requiere acuerdos elementales sobre cómo distinguir una opinión de un dato y una interpretación de una evidencia. Cuando cada actor sostiene “su verdad” sin aceptar mecanismos de comprobación, el debate público deja de ser un espacio de razonamiento colectivo para convertirse en una disputa de emociones, miedos y prejuicios.
Sin embargo, la ética, la política y la responsabilidad pública tienen límites distintos que conviene reconocer. La ética ocupa el terreno de lo deseable: señala principios, valores y deberes morales. Su límite aparece cuando pretende sustituir los procedimientos institucionales o convertirse en la única fuente de legitimidad. No toda convicción moral puede transformarse automáticamente en norma pública. En sociedades plurales, las decisiones colectivas requieren algo más que buenas intenciones: necesitan pruebas, reglas y mecanismos de rendición de cuentas.
La política, por su parte, tiene la responsabilidad de procesar conflictos, construir acuerdos y tomar decisiones colectivas. Su límite surge cuando renuncia a la verdad verificable y opera únicamente mediante narrativas eficaces para movilizar apoyos. La política puede interpretar los hechos, pero no puede sustituirlos. Cuando los gobiernos, los partidos o las figuras públicas presentan como certezas afirmaciones sin evidencia suficiente, debilitan la confianza social y erosionan la legitimidad de las instituciones.
La responsabilidad pública se ubica en un plano diferente. No consiste solamente en actuar conforme a la ley o defender la soberanía, sino ofrecer explicaciones claras, verificables y oportunas sobre asuntos de interés colectivo. Principio especialmente relevante cuando se trata de actos del Estado que afectan la seguridad o los derechos ciudadanos.
La captura de Ismael “Mayo” Zambada ilustra esta exigencia. Ante la existencia de versiones contradictorias sobre la participación de autoridades estadounidenses en el operativo, el punto central no es que la ciudadanía reconstruya por sí misma los hechos a partir de fragmentos de información, sino que el Estado explique con precisión qué ocurrió, qué autoridades participaron y bajo qué fundamento jurídico se actuó. Que el Estado pregunte después de dos años, agravia “al pueblo” en su expresión constitucional.
La pregunta “¿quién mintió?” tiene menos importancia que otra más fundamental: ¿qué puede verificarse públicamente? Si existió participación de agencias extranjeras, deben explicarse los mecanismos de cooperación utilizados; si no existió, también debe acreditarse con información verificable. La legitimidad democrática no depende de la eficacia de una narrativa, sino de la capacidad de las instituciones para ofrecer información confiable y comprobable.
Por ello, la mejor respuesta frente a la posverdad no consiste únicamente en proclamar la verdad, sino en fortalecer las condiciones institucionales que hacen posible verificarla. La transparencia, la rendición de cuentas, la publicación de metodologías, el acceso a la información y la explicación pública de las decisiones son mecanismos que limitan la circulación de relatos infundados. Cuando una afirmación carece de fuentes, contexto o evidencia, debe reconocerse como opinión y no como hecho, el “Mayo gate” esta atiborrado de opiniones.
La democracia tampoco puede prescindir de las emociones. El miedo, la indignación o la desconfianza forman parte legítima de la experiencia ciudadana. Sin embargo, su límite aparece cuando se presentan como sustitutos de la evidencia. Separar emoción y hecho no elimina los conflictos, pero permite discutirlos de manera más racional y menos polarizada. La fortaleza de una democracia no depende de ciudadanos perfectos ni de gobernantes infalibles. Depende de la existencia de reglas claras para discutir la realidad, los hechos e instituciones capaces de sostener esas reglas frente a la desinformación. La ética aporta principios, la política construye decisiones y la responsabilidad pública exige explicaciones.
Aceptar la receta vespertina de manera irracional y polarizada empodera la desinformación digital, principal ecosistema de reproducción de la posverdad: afirmaciones sin evidencia suficiente circulan con rapidez y alcancen una audiencia masiva antes de ser verificadas. La autoridad de un mensaje NO depende de su capacidad para despertar emociones, confirmar prejuicios o reforzar identidades políticas. Cuando existe opacidad institucional y ausencia de explicaciones oficiales la especulación ocupa el lugar de los hechos. La transparencia (olvidada) es esencial para proteger la deliberación democrática frente a la expansión de las falsas realidades.
