La solicitud presentada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para remover a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE), Clara Beatriz Jiménez González, no surgió de manera aislada. La petición representa el punto más álgido de una serie de fricciones internas y cuestionamientos que se han acumulado desde inicios de año en torno a la gestión de los recursos del organismo electoral.
Desde enero pasado, integrantes del propio Consejo General señalaron cuestionamientos respecto al proyecto presupuestal original propuesto para 2026, en el que se contemplaba la asignación de tres bases laborales que, de acuerdo con los inconformes, quedarían a discrecionalidad de la Presidencia.
Según los señalamientos, dos de estas plazas corresponderían a trabajadores incorporados en 2019, mientras que una tercera sería para una persona contratada en 2023, sin atender el criterio de antigüedad.
A estos cuestionamientos se sumaron señalamientos relacionados con el ejercicio de recursos públicos, luego de que Jiménez González aprobara la adquisición de 10 computadoras portátiles para el área de informática, por un monto total de 190 mil pesos, pese a que dichos equipos no estaban contemplados originalmente en el presupuesto autorizado para 2026.
De acuerdo con lo denunciado, las adquisiciones se realizaron sin una justificación técnica, solicitud formal ni una proyección presupuestaria. Además, al solicitar información sobre la procedencia de los recursos y las adecuaciones presupuestales realizadas para concretar la compra, se habrían recibido respuestas inconsistentes.
Fue el pasado 13 de agosto cuando cinco de los seis integrantes del Consejo General del IEE formalizaron ante el INE una solicitud para iniciar un Procedimiento de Remoción de Consejerías Electorales (PRCE) en contra de la consejera presidenta, Clara Beatriz Jiménez González.
La petición fue promovida conjuntamente por las consejeras y consejeros Cindy Karina Barba Macías, Hilda Yolanda Hermosillo Hernández, Javier Mojarro Rosas, Mariana Eréndira Ramírez Velázquez y Víctor Miguel Dávila Leal, quienes solicitaron que se investiguen presuntas faltas graves que, de acreditarse, podrían derivar en la remoción de la funcionaria.
De acuerdo con un comunicado conjunto de las cinco consejerías, la decisión se tomó luego de considerar que se agotaron los canales institucionales de diálogo con la Presidencia del IEE.
Según el pronunciamiento, las conductas señaladas presuntamente ponen en riesgo los principios rectores de la función electoral y podrían encuadrar en las causales de remoción previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la reglamentación correspondiente.
Actualmente, el asunto se encuentra en una etapa de investigación preliminar a cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, instancia que deberá determinar si existen elementos suficientes para admitir formalmente el procedimiento.
En caso de que el procedimiento avance, corresponderá al Consejo General del INE conocer y resolver el asunto conforme a las etapas establecidas para este tipo de procedimientos.
