El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) despidió el pasado 23 de junio a 43 trabajadoras sociales en distintas entidades del país, entre ellas una adscrita a la sede de Aguascalientes. Aunque posteriormente 18 fueron reinstaladas, 25 continúan separadas de sus cargos, situación que organizaciones civiles dieron a conocer y califican como una violación a sus derechos laborales.
Mónica Pedroza Padilla, presidenta del Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario A.C. (CECADEC) y representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (REDSER), manifestó su inconformidad por estos despidos al considerar que, además de afectar a las profesionistas, también perjudican a la población que recibe acompañamiento de trabajo social en la Defensoría Pública.
Explicó que estas especialistas brindan apoyo en procesos como adopciones, pensiones alimenticias, atención a víctimas de violencia y abuso sexual, así como a mujeres, niñas, niños y otros sectores en condición de vulnerabilidad, por lo que la reducción de personal impacta directamente en la calidad y cobertura del servicio.
“Al país lo han acomodado ya no por estados, sino en circuitos, para que las 18 trabajadoras sociales que quedaron, hagan el trabajo de 43. Si antes era insuficiente, ahora súmale el estado en el que van a tener que trabajar; esto es paradójico y contradictorio a decir que primero los pobres” criticó.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Aguascalientes, Esmeralda Bañuelos Zendejas, advirtió que la reducción de personal también afectará a las 18 trabajadoras que fueron reinstaladas, quienes ahora deberán asumir una mayor carga laboral. Además, expresó su preocupación por la posibilidad de que las plazas sean ocupadas por perfiles ajenos al trabajo social, lo que, consideró, comprometería la calidad de la atención que brinda la Defensoría Pública.
“Se burocratiza más el proceso. Para hacer un estudio socioeconómico o una visita domiciliaria, no tendrás al profesionista en el momento, estamos abandonando a las personas que más lo necesitan. Es incongruente que una institución que procura justicia, esté generando una violencia de este tipo” señaló.
De acuerdo con estadísticas proporcionadas por REDSER, durante 2024 la Defensoría Pública atendió el 56.3% de los asuntos relacionados con derecho familiar en México. Ante este panorama, las organizaciones hicieron un llamado al Instituto Federal de Defensoría Pública para reinstalar de manera inmediata a las 25 trabajadoras sociales que continúan separadas de sus cargos y poner fin al desplazamiento de profesionistas especializados en trabajo social.
