El proceso judicial contra Juan Antonio, sacerdote señalado por la presunta comisión de delitos de carácter sexual en agravio de dos menores de edad, permanece sin una resolución que permita ejecutar una orden de aprehensión, debido a los recursos legales promovidos por su defensa.
El fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, explicó que el presunto responsable ha recurrido a diversos amparos, por lo que hasta el momento no existe una determinación judicial que permita imponerle la medida cautelar de prisión preventiva.
“Está en una etapa de su proceso, donde lógicamente ha tenido diferentes amparos”, señaló el fiscal, quien agregó que las autoridades permanecerán atentas a cualquier resolución que se emita dentro del procedimiento.
Al ser cuestionado sobre versiones en el sentido de que al sacerdote ya le habría sido negado uno de los amparos promovidos, Alonso García indicó que, hasta el momento, la Fiscalía no había recibido una notificación oficial al respecto.
Explicó que, en caso de que la autoridad judicial determine que debe cumplirse una orden de aprehensión, la Fiscalía procederá conforme a derecho.
“En cuanto nosotros tengamos precisamente que dar cumplimiento a una orden judicial, lo vamos a llevar a cabo para que no haya impunidad”, afirmó.
De acuerdo con los antecedentes del proceso, en septiembre de 2024, Juan Antonio fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos de carácter sexual cometidos en agravio de dos menores, cuando se desempeñaba en una parroquia.
Desde entonces, el sacerdote no ha ingresado a prisión, debido tanto a las medidas cautelares determinadas inicialmente por la autoridad judicial como a los recursos de amparo promovidos por su defensa.
