Tras la manifestación pacífica llevada a cabo este domingo a las afueras de la Plaza Monumental San Marcos, las organizaciones México Sin Toreo y la Confederación Nacional por los Derechos de los Animales de México (CODAM) presentaron este 29 de abril ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una solicitud para que atraiga los juicios que buscan poner fin a las corridas de toros en Aguascalientes y otros estados del país.
La entrega del recurso se realizó mediante una movilización pacífica que partió del Zócalo capitalino hacia la sede del máximo tribunal del país, en la Ciudad de México. La petición también contempla casos en Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Baja California.
En el boletín, las agrupaciones sostienen que la Constitución mexicana, tras las reformas de diciembre de 2024, prohíbe el maltrato animal y obliga al Estado a prevenir cualquier práctica violenta en su contra
“El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la prohibición del maltrato animal, lo cual implica no sólo un mandato negativo, sino un deber positivo del Estado de prevenir, desalentar y erradicar prácticas que impliquen violencia hacia los animales”, se lee en el documento.
Asimismo, señalaron que ya existe precedente por parte de la Suprema Corte, al recordar la resolución de 2018 sobre la prohibición de peleas de gallos, en la que se estableció que no hay un derecho absoluto a preservar tradiciones que impliquen maltrato animal.
Las organizaciones también acusaron a la SADER y a SENASICA de incumplir una sentencia federal emitida en 2024 para hacer valer la legislación vigente en espectáculos taurinos.
“De entonces a la fecha SADER-SENASICA no ha actuado en consecuencia, lo que constituye un claro desacato a lo ordenado por el tribunal”, señalaron.
Finalmente, confiaron en que la Corte resuelva de fondo el tema y siente un precedente nacional en materia de protección animal.
“Confiamos en que nuestro máximo tribunal pueda finalmente resolver de fondo este tema de interés y trascendencia para el orden jurídico nacional”, concluye el boletín.
