Tras la desaparición de la Setec el año pasado y a pesar de que había pendientes para que operara al 100 por ciento, Aguascalientes se quedó sin un presupuesto fijo para continuar la implementación del sistema de justicia penal acusatorio.
Áreas creadas en papel, pero sin personal ni espacios asignados y proyectos de infraestructura que aún no están terminados han tenido que continuarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), indicó Cynthia Hernández García, directora del Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal de Aguascalientes.
“Recurso Setec también desapareció. O sea, existió hasta el año pasado, al día de hoy no hay recursos federales para nadie en concreto del nuevo sistema de justicia penal. Solamente hay recurso FASP, pero el recurso FASP no va solamente dirigido al nuevo sistema de justicia penal. Va para toda la cuestión de seguridad”, indicó Hernández García.
De 2010 a 2016, Aguascalientes destinó más de 211.1 millones de pesos para implementar el sistema acusatorio, monto del que 40 por ciento fueron aportaciones de Setec, de acuerdo con los estudios del Proyecto Justicia de la organización no gubernamental CIDAC.
Según el reporte, la mayoría del recurso se destinó a infraestructura y capacitación. Sin embargo, instancias cuyo trabajo serviría para reducir la reincidencia y garantizar el acceso de las víctimas y ofendidos a la justicia se recibieron de la pasada administración sin instalaciones, equipamiento ni personal y se echaron a andar apenas hace un par de meses.
Una de ellas fue la Unidad de Medidas Cautelares, encargada del seguimiento a los liberados bajo caución y de elaborar análisis de riesgo de las personas detenidas, los cuales ayudan a determinar la permanencia o no del imputado en prisión preventiva durante su proceso.
“En Aguascalientes no existía la Unidad de Medidas Cautelares, conocida a nivel nacional como Umeca. Era importante porque esta área se encarga de hacer un análisis de riesgo de la persona (…) Ellos hacen una investigación y si encuentran que es una persona que ya cometió un delito similar, que tiene 100 ingresos… que es una persona recurrente en ese tipo de delitos, lo va a asentar en su dictamen. Ese dictamen se presenta cuando se va a dictar una medida cautelar”, explicó la directora del OISJPA.
También el área de Asesores Jurídicos, a través de la que se brindaría representación legal a las víctimas y/u ofendidos por los delitos, se creó solamente en papel, dijo la funcionaria.
Para este año, indicó Hernández García, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se proyecta gastar alrededor 8.3 millones de pesos en equipamiento de diversas áreas y capacitación de funcionarios.
Equipamiento de área de Asesores Jurídicos: $526,405.20
Capacitación a los 8 Asesores Jurídicos: $125,934
Equipamiento de la Unidad de Medidas Cautelares: $1’438,872
Policía Procesal: $6’227,078
Además del recurso directo estatal, el Órgano Implementador planea seguir trabajando con recursos de Iniciativa Mérida y apoyos de organizaciones internacionales como USAID.
“Este Órgano a mí me lo dejaron con nada más que con el dinero operativo, del recurso directo, vamos a decir. Pero recursos federales ya no existieron. Lo que he estado trabajando lo he trabajado con embajadas que han estado apoyando mis proyectos. No me han dado dinero, pero sí me han dado kits de tecnología, salas de oralidad que no estaban contempladas para Aguascalientes este año”.
