Las agresiones contra la prensa en México ocurridas durante el primer semestre de 2017 registraron un incremento del 23 por ciento respecto a las reportadas durante el primer semestre del 2016, informó la organización internacional Artículo 19 al presentar su informe sobre la situación de la prensa durante los primeros seis meses del año.
En total, se registraron 276 agresiones, incluyendo seis asesinatos, una desaparición, 67 intimidaciones, 60 amenazas y 56 ataques físicos o materiales. Es decir, un promedio de 1.5 agresiones diarias contra este gremio.
En los primeros seis meses del año, la y los periodistas Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Javier Valdez y Jonathan Rodríguez, fueron asesinados con armas de fuego y a plena luz del día. También se documentaron tres tentativas de asesinato a Sonia Córdova, Julio Omar Gómez y a un periodista del cual se reserva su identidad.
Además, Artículo 19 documentó dos asesinatos en el segundo semestre de 2017: el de Edwin Rivera, periodista migrante, ocurrido el 9 de julio en Acayucan, Veracruz, y el de Luciano Rivera ocurrido el 31 de julio en Playas de Rosarito, Baja California.
En total se han documentado 8 asesinatos en lo que va del año.
Artículo 19 también documentó la desaparición de Salvador Adame, director de Canal 6tv, quien fue forzado a subir a una camioneta negra por un grupo de hombres armados y “encapuchados”, el 18 de mayo de 2017 en el municipio de Múgica, Michoacán. Si bien las autoridades han dicho que los restos del periodista fueron hallados, la familia ha exigido realizar un peritaje independiente.
“A pesar de la versión de las autoridades –la cual ha sido retomada por muchos medios de comunicación, pero no ha sido verificada–, Salvador Adame continúa en calidad de persona desaparecida, al no contar con elementos que doten de certeza a sus familiares”, explicó la organización.
Funcionarios públicos, los principales agresores
El reporte indica que los responsables del 50.7 por ciento de las agresiones fueron funcionarios públicos, 140 de 276. “Lo anterior es un reflejo de la impunidad y de la falta de autonomía en la procuración de justicia que, finalmente, se convierte en un aliciente para seguir violentando a la prensa”, mencionó la organización.
Las entidades que registraron más casos de agresiones contra la prensa fueron Ciudad de México, Veracruz y Coahuila.
Artículo 19 identificó además tendencias que permiten reconocer que en México la violencia contra la prensa se agudiza en diversas regiones, y que se acentúa de manera importante en los periodos previos a las elecciones federales de 2018 y posteriores a las celebradas este año.
“La falta de garantías democráticas en México provoca que la cobertura en contextos de protesta y electorales se convierta en un riesgo para las y los periodistas… De esta manera, el aumento de agresiones en este contexto refleja las fallas institucionales de fondo en un país que se encuentra lejos de consolidarse como una democracia”, denunció la organización.
Las agresiones más constantes que el organismo internacional identificó de enero a junio de 2017 son: actos de intimidación, 67 casos; amenazas, 60 casos; y ataques físicos o materiales, 56 casos. “Destaca que de las amenazas documentadas, 19 fueron de muerte, 9 de daño físico y 3 de ellas realizadas con armas de fuego o explosivos. También se registraron 4 actos de intimidación con armas de fuego”, precisa el informe.
Respecto a las agresiones físicas, se registraron 43 lesiones con las manos u otras partes del cuerpo; 37 de las cuales fueron presuntamente cometidas por funcionarios públicos o integrantes de partidos políticos. Además se registraron 2 atropellamientos a periodistas.
A su vez, se registraron 9 allanamientos: 2 a oficinas de medios de comunicación y 6 a domicilios de periodistas. Nuevamente, la Ciudad de México encabeza la lista de allanamientos, con el 44 por ciento de los casos.
Se registraron además 11 retenciones ilegales y 17 detenciones arbitrarias. Destaca el caso de Rubén Pat, director del semanario Playa News, quien fue detenido arbitrariamente, amenazado y torturado por policías municipales de Solidaridad, Quintana Roo.
Artículo 19 también documentó las coberturas periodísticas realizadas por medios y periodistas en el contexto de las agresiones. Destacó que en el 47.8 por ciento de los casos (132) la cobertura de “corrupción y política” está relacionada con agresiones; en el 29 por ciento de los casos (80), las víctimas documentaron y publicaron información relacionada con temas de “seguridad y justicia”; en el 13.4 por ciento (37) sobre “protesta y movimientos sociales”; en el 8.3 por ciento (23) sobre “derechos humanos”; en 1.1 por ciento (3) sobre “tierra y territorio” y en 0.4 por ciento (1) sobre “sector privado”.
La organización indicó que este primer semestre del 2017 se caracterizó también por múltiples iniciativas de diversos gobiernos con relación a protección a periodistas. P”artiendo de un diagnóstico equivocado que elude a los propios agentes del Estado como principales perpetradores de la violencia contra la prensa, y soslayando que ya existe un andamiaje institucional para atender esta problemática, los actores políticos pretenden mostrar supuesta voluntad de atender la situación mediante la creación de nuevas leyes y más burocracia”, criticó.
Artículo 19 dijo tener conocimiento de diversas iniciativas que se han presentado o reactivado en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas; además de una iniciativa en la Cámara de Diputados federal para discutir y aprobar la Ley General de Protección a Periodistas.
“Esta respuesta por parte del Estado mexicano es tardía, tomando en cuenta que desde 2007 la violencia contra periodistas ha ido en aumento. Asimismo, se estima que estas medidas son paliativos frente a la grave crisis que se vive en México, pues sin las capacidades y voluntad política, sólo se generarán más leyes carentes de eficacia y más burocracia”, lamentó el organismo a la par que exigió una estrategia que apunte a la construcción de una política pública integral para garantizar la libertad de expresión.
