Informes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) evidenciaron que la Fiscalía General de Aguascalientes ocultó datos que el Instituto de Transparencia de ese estado le había ordenado entregar desde marzo pasado.
La Fiscalía General de Aguascalientes (FGE) solicitó acceso a datos conservados (ADC) por compañías de telecomunicaciones en ocho ocasiones durante el primer semestre de 2016. Y en otras tres requirió la geolocalización de dispositivos móviles en tiempo real, según el estudio “El estado de la vigilancia fuera de control”, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
En sus referencias, R3D aclara que obtuvo los datos de informes proporcionados por el IFT vía Ley de Transparencia y que la Fiscalía no proporcionó información.
Esa negativa de acceso violaría la resolución ITEA-SAF-06, de marzo pasado, en la que el Instituto de Transparencia de Aguascalientes (ITEA) consideró información pública el número de solicitudes hechas por la Fiscalía a proveedores de aplicaciones y contenido en internet para “localización geográfica en tiempo real” y “acceso a cualquier dato de los usuarios”.
