Los ayuntamientos y las oficinas del Registro del Estado Familiar están obligadas a acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aceptar a las parejas del mismo sexo para casarse. De lo contrario, tendrán el derecho de ampararse para realizar el trámite, señaló ayer José Sabas García González, secretario general del Tribunal Superior de Justicia estatal (TSJH).
El TSJH, dijo, será respetuoso de las decisiones de la corte. “Quien tiene que atender este señalamiento en estos momentos son las oficinas del Registro del Estado Familiar del estado; se tendrá que alinear la legislación familiar a los señalamientos de la corte”.
Señaló que el tribunal no está en posición de enviar algún exhorto al Congreso del estado para llevar a cabo las reformas necesarias a la Ley para la Familia de Hidalgo, pero estimó que la LXIII Legislatura deberá de atender de inmediato los señalamientos de la corte y tomar una medida.
“No necesita que nadie haga un exhorto; son los representantes del pueblo”, dijo.
Al respecto, la presidenta de la Junta de Gobierno, María Luisa Pérez Perusquía, aclaró que el Congreso de Hidalgo no está obligado a modificar la Ley para la Familia y aceptar los matrimonios entre personas del mismo sexo; sin embargo, dijo, se tendría que presentar una iniciativa de ley.
El miércoles, la SCJN declaró inconstitucionales los artículos 8, 11 y 143 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo al considerar que son discriminatorios.
La diputada priísta explicó que el procedimiento legislativo se inicia con la presentación de una iniciativa de ley, no por la sentencia de la corte, ya que ésta va dirigida únicamente a la autoridad correspondiente; en este caso, para el Registro del Estado Familiar de Hidalgo.
Cuestionada sobre si la sentencia del máximo tribunal del país hace necesario legislar al respecto, la legisladora plurinominal consideró importante “ponderar el respecto a los derechos humanos de las personas sin restricción de ninguna naturaleza con el principio de no discriminación”.
Indicó que la unión legal entre personas del mismo sexo polariza, toda vez que hay quienes están a favor y en contra.
No obstante, estimó que en el ámbito del respeto a los derechos humanos de las personas, cualquier tema debe analizarse: “Todas las voces deben ser escuchadas”.
Evitó especificar si en la agenda legislativa de su partido se encuentra la legislación de matrimonio igualitario,
“La agenda legislativa del PRI tiene de manera trasversal el respeto a los derechos humanos, sin discriminación de ninguna naturaleza”, aseveró.
