La reciente carta de Andrés Manuel López Obrador dirigida al presidente Donald Trump ha reabierto un debate que va mucho más allá de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. La pregunta de fondo es simple: ¿qué significa realmente la soberanía?
Durante años, el discurso oficial ha sostenido que cualquier investigación, señalamiento o presión proveniente de Estados Unidos constituye una intromisión indebida en los asuntos internos de México. Sin embargo, el argumento pierde fuerza cuando se observa que la soberanía también existe del otro lado de la frontera.
Estados Unidos tiene derecho a investigar delitos que afecten su territorio, su sistema financiero, sus aduanas o su seguridad nacional. Si autoridades estadounidenses consideran que existen indicios de lavado de dinero, tráfico de drogas, huachicol, corrupción o financiamiento ilícito que toquen intereses norteamericanos, corresponde a sus instituciones investigar y, en su caso, presentar pruebas ante sus tribunales.
Lo que resulta llamativo es que la indignación oficial suele dirigirse contra quienes investigan y no contra los hechos que motivan las investigaciones.
Durante los últimos años han surgido señalamientos, investigaciones periodísticas, restricciones migratorias y expedientes que involucran a diversos actores políticos mexicanos. Algunos son gobernadores, otros exgobernadores, alcaldes o funcionarios de distintos niveles. La cuestión central no es si son culpables o inocentes. La cuestión es por qué México parece incapaz de investigar con la misma energía que exige a otros países abstenerse de hacerlo.
Más preocupante aún es la percepción de que durante los últimos años se fue normalizando la convivencia política con personajes cuestionados por presuntos vínculos con organizaciones criminales, redes de corrupción o esquemas de financiamiento opacos. No se trata de afirmar culpabilidades que corresponden exclusivamente a los tribunales. Se trata de reconocer que una parte importante de la sociedad percibió una creciente tolerancia hacia conductas que en otras épocas habrían provocado investigaciones inmediatas y consecuencias políticas severas.
La carta de López Obrador transmite precisamente esa preocupación. Más que la defensa de la soberanía nacional, parece la defensa de una narrativa política construida durante años. Una narrativa según la cual cualquier cuestionamiento externo debe interpretarse como una agresión y cualquier crítica interna como una conspiración.
Sin embargo, la soberanía auténtica no consiste en impedir que otros investiguen. Consiste en investigar primero.
Si las acusaciones son falsas, México debería ser el primer interesado en demostrarlo. Si son verdaderas, México debería ser el primer interesado en castigarlas.
Lo preocupante es que ni una cosa ni la otra parecen ocurrir con la contundencia que exige la gravedad del momento.
La Presidente Claudia Sheinbaum enfrenta además otro problema político: la persistente percepción de que el expresidente López Obrador continúa influyendo en decisiones fundamentales del gobierno. Cada intervención pública del exmandatario alimenta la impresión de que la administración actual no termina de construir una voz propia frente a los grandes desafíos nacionales.
La reaparición del expresidente para fijar posición sobre decisiones, investigaciones y acciones emprendidas por autoridades estadounidenses constituye, además, una forma de presión política sobre un gobierno que formalmente ya no encabeza. En cualquier democracia madura resultaría difícil ignorar el peso de un exmandatario que interviene constantemente en asuntos que corresponden al gobierno en funciones.
Paradójicamente, quienes denuncian el supuesto intervencionismo extranjero suelen mostrar una tolerancia mucho mayor hacia otras formas de injerencia. Hace apenas unos días, la propia Presidente expresó públicamente opiniones sobre un proceso electoral en Colombia cuyos resultados no favorecían a las fuerzas políticas cercanas al presidente Gustavo Petro. La pregunta es inevitable: si opinar sobre decisiones democráticas de otro país es legítimo cuando coincide con nuestras preferencias políticas, ¿por qué deja de serlo cuando proviene de otros gobiernos?
La soberanía también pertenece a los pueblos. Los ciudadanos colombianos tienen derecho a votar como consideren conveniente, del mismo modo que los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a elegir a Donald Trump y respaldar las políticas que su gobierno decida implementar dentro de sus atribuciones legales.
El problema de México no es únicamente la presión de Washington. El problema es que esa presión encuentra terreno fértil en una profunda crisis de confianza interna. Después de años de homicidios, desapariciones, fosas clandestinas, corrupción, impunidad y expansión territorial del crimen organizado, una parte creciente de la sociedad ya no confía plenamente en la capacidad de las instituciones mexicanas para investigar a las élites políticas y económicas.
Y cuando esa confianza desaparece, algo fundamental se rompe.
Ningún mexicano debería desear que gobiernos extranjeros sustituyan a nuestras instituciones. Pero tampoco debería conformarse con instituciones que parecen incapaces de responder a cuestionamientos cada vez más graves.
La realidad es incómoda. Muchos mexicanos preferiríamos que fueran nuestras fiscalías, nuestros jueces y nuestras instituciones quienes investigaran y sancionaran cualquier posible vínculo entre política, crimen organizado, lavado de dinero, huachicol y corrupción. Sin embargo, la percepción de impunidad es tan profunda que para algunos ciudadanos la posibilidad de que existan investigaciones extranjeras aparece como el único mecanismo capaz de romper inercias que durante años parecieron intocables.
Esa es precisamente la diferencia entre soberanía y encubrimiento. La soberanía fortalece instituciones capaces de investigar a cualquiera. El encubrimiento exige silencio, descalifica preguntas incómodas y convierte toda investigación en una supuesta agresión externa. La primera fortalece al Estado. El segundo lo debilita.
México se aproxima además a uno de los escaparates internacionales más importantes de su historia reciente: el Mundial de Fútbol. Durante semanas, la atención de medios de comunicación, inversionistas, gobiernos y millones de visitantes estará concentrada sobre nuestro país. Cualquier revelación relacionada con corrupción política, narcotráfico, lavado de dinero o investigaciones internacionales tendría una resonancia global imposible de ignorar.
Por ello resulta particularmente riesgoso apostar a que el tiempo resuelva por sí solo una crisis de credibilidad que continúa creciendo. Los problemas que se ocultan durante años suelen reaparecer cuando el reflector internnacional es más intenso.
México se aproxima al Mundial mientras enfrenta uno de los mayores desafíos de credibilidad de su historia reciente. Millones de personas observarán nuestros estadios, nuestras ciudades y nuestras celebraciones. Pero la verdadera prueba no estará en las canchas.
Estará en la capacidad del Estado mexicano para demostrar que la ley puede aplicarse por igual a todos, sin importar el cargo, el partido o la cercanía con el poder.
Porque la soberanía no se defiende con cartas.
Se defiende con justicia. Nw
