Los diputados locales Alma Hilda Medina Macías y Emanuelle Sánchez Nájera presentaron una iniciativa de reforma al Código Electoral del Estado para retirar el registro o la acreditación estatal a partidos políticos que mantengan vínculos con el crimen organizado o reciban recursos de procedencia ilícita.
La propuesta busca modificar los artículos 16 y 18, además de adicionar los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies del Código Electoral estatal, estableciendo sanciones para partidos locales que participen en operaciones con recursos ilícitos, reciban financiamiento del narcotráfico o mantengan vínculos con organizaciones criminales.
La diputada panista Alma Hilda Medina aseguró que la intención es blindar las elecciones rumbo a 2027 y evitar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales del estado.
“Lo que hoy sí te puedo decir es que justamente para cuidar el tema de las elecciones en el 2027, hoy voy a presentar una iniciativa junto con mi compañero Emanuelle Sánchez Nájera. Lo que no pasó en el Plan B lo queremos hacer desde lo local”, señaló.
Asimismo, sostuvo que la propuesta contempla el retiro de la acreditación estatal a cualquier partido involucrado en financiamiento ilícito.
“Que al partido que se compruebe que recibe recursos del crimen organizado se le retire su registro local. Vamos a ser el primer estado que a nivel local presentemos eso y primero Dios que lo vayamos a aprobar, porque Aguascalientes hay que seguirlo cuidando y no hay que permitir que dinero del crimen organizado decida en las elecciones de nuestro estado”, declaró.
Por su parte, el diputado perredista Emanuelle Sánchez Nájera afirmó que la iniciativa busca responder al riesgo que representa la infiltración del crimen organizado en la política.
“La realidad es que para nosotros es importante señalar que la injerencia de dinero, sobre todo del crimen organizado, está dañando mucho a la política”, expresó.
Añadió que, aunque el Congreso local no tiene facultades para retirar el registro nacional a partidos políticos, sí podría cancelarse su acreditación estatal o incluso eliminar candidaturas locales si se acreditan vínculos con recursos ilícitos.
“El órgano local no podría eliminar una candidatura de nivel federal, pero sí podría eliminar candidaturas locales. Esa es la jurisdicción que tendría cada uno de los institutos y hacia allá queremos caminar”, explicó.
De acuerdo con la iniciativa, la pérdida del registro local aplicaría únicamente cuando exista una sentencia firme emitida por autoridad competente, y se compruebe responsabilidad institucional del partido político, ya sea por tolerancia, encubrimiento o beneficio derivado de actividades ilícitas.
El documento también establece que las sanciones incluirían la cancelación de prerrogativas estatales, la imposibilidad de participar en elecciones locales y la transferencia de activos adquiridos con recursos públicos al Instituto Estatal Electoral (IEE).
