Desde el Gobierno del Estado de Aguascalientes se analiza la posibilidad de modificar la Ley del Notariado para el Estado, toda vez que, según el secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula López, esta normativa comienza a quedarse obsoleta en su aplicación.
En entrevista colectiva, el funcionario reconoció que existen ciertos vicios alrededor de este marco legal, lo que ha propiciado irregularidades en el ejercicio de la fe pública en la entidad.
El planteamiento, explicó, busca fortalecer los mecanismos de supervisión y transparencia en la asignación de notarías, así como garantizar que el servicio responda a criterios técnicos y de necesidad social, y no a intereses particulares.
“Entre las iniciativas que tiene el Gobierno está actualizar la Ley del Notariado. ¿Por qué? porque es una ley que ya nos quedó obsoleta; que no se entreguen fiats por favores, que se entreguen por funcionalidad y, sobre todo, vigilar el correcto funcionamiento de las notarías, porque son un instrumento del gobierno para dar certeza jurídica a los ciudadanos” reconoció.
En ese sentido, reconoció que se han recibido quejas contra por lo menos seis notarios, mismas que se suman al proceso penal en contra de Alonso Javier “N”, a quien se le retiró la Notaría Pública número 11 tras ser señalado por su presunta colusión en la venta fraudulenta de predios. Al respecto, reconoció si hay más carpetas abiertas contra algún fedatario.
“Estamos observando otras seis notarías y se están subsanando estos temas. Hay desde que se están tardando en validar escrituras, cobros altos, inconformidades con la atención, cosas de ese tipo. Sobre si hay temas penales, corresponderá responder al fiscal” agregó.
Respecto a la reforma en la materia, Arámbula López dejó en manos de las y los legisladores, así como del equipo jurídico del Gobierno del Estado, la posibilidad de que las notarías ya no se entreguen a discrecionalidad del ejecutivo estatal, práctica que persiste en Aguascalientes.
