

El ahora excomisionado Salvador Vázquez Caudillo, quien hasta hace una semana se desempeñaba como presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Aguascalientes, habría filtrado (justo antes de concluir su encargo) el examen de conocimientos que se aplicaría a las personas interesadas en integrarse a este órgano, encargado de operar acciones y emitir recomendaciones a entes públicos estatales en materia de prevención de la corrupción.
Marcela López Serna, comisionada que actualmente funge como presidenta del Comité, reveló en entrevista con NW Noticias que la investigación y sanciones ya tocarán a la Fiscalía General del Estado, luego de que en sesión pública del propio organismo se diera a conocer que el mismo Salvador Vázquez habría admitido su responsabilidad en la filtración.
Y es que el comité, apunta, no tiene facultades para investigar ni sancionar.
“Nosotros como Comité de Participación Ciudadana, e incluso yo como presidenta del Comité Coordinador, no tenemos facultades para investigar ni para llevar a cabo el proceso. Desde esa sesión se hicieron las denuncias pertinentes y estamos a la espera de que el proceso se desarrolle para ver en qué resulta la investigación y, en su caso, las sanciones que correspondan”, señaló.
“En este momento está en la cancha de Fiscalía… hay una Fiscalía especializada que depende de la Fiscalía General que es en concreto para el combate a la corrupción”, explicó.
Sobre cómo se enteraron de la presunta filtración del examen, indicó que al Comité llegaron correos con información sensible, lo que obligó a dar aviso al resto de las instancias del Sistema Anticorrupción.
“Cuando nos enteramos de los presuntos (y digo presuntos subrayados y con negritas porque a nosotros no nos consta nada), sabemos lo que nos hicieron llegar por correo, hicimos saber a todo el Comité Coordinador de estos hechos”, dijo.
En la sesión pública donde se dio a conocer el caso, se informó que el propio Salvador Vázquez reconoció su responsabilidad. Sin embargo, la presidenta del Comité aclaró que la denuncia se presentó “a quien resulte responsable”, ya que no cuentan con testimonios directos del origen de los correos. “Nosotros simplemente remitimos una presunta posibilidad de que haya hechos de corrupción para que ellos realicen la investigación y hagan las determinaciones que haya lugar”, apuntó.
Respecto al proceso de selección que estaba en curso, Marcela López Serna explicó que el Comité Ciudadano no lo opera directamente, pero sí pidió a la Comisión de Selección (que nace de un proceso manejado por el Congreso del Estado) que tomara medidas.
“Nosotros le solicitamos a la Comisión de Selección que, en virtud de estos hechos, considerara la pertinencia de tomar cartas en el asunto para el deslinde de responsabilidades y, por supuesto, dejar a salvo los derechos de los participantes y limpiar el proceso, que es como debe ser”, afirmó.
Finalmente, López Serna precisó que la supuesta filtración ocurrió cuando Salvador Vázquez aún era presidente del Comité, pero ya estaba por concluir su periodo. “Los periodos se vencen cuando finaliza el mes de enero… todo esto ocurrió el jueves pasado. Yo todavía no tenía la presidencia, él seguía siendo el presidente”, puntualizó.
¿Qué hace el Comité Ciudadano y cómo se elige a sus integrantes?
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción está integrado por cinco personas que no forman parte de la burocracia, sino que trabajan por honorarios para conservar su carácter ciudadano. Su función no es investigar ni sancionar actos de corrupción, sino enfocarse en la prevención, la promoción de la ética pública y la vinculación entre autoridades y sociedad.
Estas recomendaciones se aprueban dentro del Comité Coordinador (donde participan instancias como la Contraloría, la Fiscalía, el órgano de fiscalización y tribunales administrativos) y aunque no son obligatorias, se busca que tengan peso político y técnico.
Salvador Vázquez Caudillo participó en dichas actividades, impartiendo cursos a dependencias estatales en materia de prevención de la corrupción, conducta y formación ética.

