La senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por Aguascalientes, Nora Ruvalcaba Gámez, asistió a la presentación del informe de actividades del senador Toño Martín del Campo, y previo al evento cuestionó que la detención de Eugenio Javier “N”, propietario de la empresa Next Energy, no se haya derivado de la presunta estafa al Ayuntamiento de Aguascalientes por la inoperatividad de una planta de energía solar, sino de delitos presuntamente cometidos durante su detención.
Ante ello, la legisladora pidió transparencia a la Fiscalía General del Estado (FGE), institución que —a diferencia de otros casos de alto interés público— se ha mantenido sin emitir información clara sobre el proceso, lo que ha generado especulación y desconfianza en diversos sectores de la sociedad.
“Hasta donde me quedé, él en su audiencia quedó detenido por el delito de amenazas y cohecho, no por el delito de Next Energy, lo que nos preocupa. Por eso hemos estado solicitando que la fiscalía especializada nos pueda informar quién presentó la denuncia y cuáles son los delitos por los que está detenido” declaró.
Ruvalcaba Gámez recordó que, actualmente, se tiene conocimiento de al menos tres denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el incumplimiento del contrato, el cual —sostuvo— se originó porque la empresa nunca pudo garantizar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la intermitencia del suministro de energía, descartando las voces que lo atribuyen a que la federación “no otorgó los permisos”.
“Si fuera por el caso de Next Energy con el Municipio de Aguascalientes, donde se incluyen delitos como el desvío de recursos, estafa y colusión de funcionarios, habría más detenidos, como aquellos funcionarios que firmaron los contratos, tanto del 19 como del 20, las empresas, y el representante legal de Next Energy” sugirió.
Finalmente, la aspirante a la gubernatura confirmó que en las próximas semanas buscará reunirse con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, para solicitar su intervención directa en el caso, a fin de garantizar que se haga justicia y, en su debido momento, se concrete el resarcimiento del daño al erario público.
