La mesa directiva del Centro Comercial Agropecuario contaba con el sustento legal para ejecutar el retiro de comerciantes, sostuvo el secretario general del Gobierno del Estado, Antonio Arámbula López. El funcionario precisó que desde hace meses se solicitó formalmente a los vendedores ambulantes que despejaran el lugar, sin que estos acataran las disposiciones.
Según la narrativa oficial, se ofreció desde un inicio una mesa de diálogo para gestionar su reubicación e incluso se les informó sobre la posibilidad de recurrir a amparos legales, recomendaciones que, asegura, fueron ignoradas hasta que se llevó a cabo el desalojo la semana pasada.
“Desde diciembre se les avisó que ya no podían seguir en su lugar, se les dieron tres meses para reubicarse e hicieron caso omiso; después se les pidió formalmente, de manera legal y por escrito que tenían 3 días para quitarse y volvieron a hacer caso omiso, fue entonces cuando los retiraron y hasta entonces vinieron a las mesas de negociación, pero se volvieron a poner y los volvieron a quitar” narró.
Respecto a las acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, el secretario exhortó a comerciantes y fuerzas del orden a priorizar el diálogo y la vía jurisdiccional. Subrayó que la violencia no debe ser una herramienta de control, aunque recordó que el Estado posee la facultad del uso de la fuerza cuando no se cumple la ley.
“El llamado es a que no vuelva a haber violencia por parte de ambos, no vale la pena. El uso de la fuerza la tiene el estado cuando no se cumple la ley. Aún así, tienen el recurso legal para que, en caso de que haya habido uso excesivo de la fuerza, lo denuncien” agregó.
Fue el pasado jueves 28 de abril cuando, a través de videos difundidos en redes sociales, se hizo público el desalojo de comerciantes ambulantes del Agropecuario. En dichas grabaciones se observa un aparente uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de seguridad pública municipal, situación que hasta el momento no ha sido corroborada por alguna instancia competente. La Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que se ha iniciado una investigación de oficio.
